La lectura ampliada de la documentación sobre el caso Imdeec permite hacerse una idea de que el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) ha sido un pozo de sorpresas para los responsables de la auditoría. Tanto los auditores de la empresa Key Soluciones de Negocio como la Intervención constataron en sus informes de conclusiones provisionales que no pudieron contar con todos los documentos que reclamaron para la elaboración de este trabajo porque había expedientes que habían desaparecido de los archivos del instituto.

Al menos en la documentación que pudo manejar El Día, no existe una explicación expresa que establezca una tesis sobre por qué faltan papeles que tendrían que estar en los archivos y que son contratos de trabajadores. Tampoco se dice claramente cuántos faltan exactamente y qué efecto tuvieron en el desarrollo de la auditoría. Que se sepa no se han tomado medidas contra nadie, responsable político o técnico, por la ausencia de documentación pública aunque existe un deber de custodia por parte de los empleados públicos. El párrafo de la auditoría, transcrito posteriormente por la Intervención en su propio informe, dice lo siguiente: "A lo largo del trabajo se fue solicitando por la auditora aquellos contratos laborales que se detectó que faltaban en los expedientes y que el personal del Imdeec fue remitiendo con urgencia. En algunos casos, el expediente había desaparecido".

Dicha información se encuentra en el informe provisional, firmado en el cinco de octubre de 2011, de la Intervención pero no en el definitivo, que es el que se remitió al Pleno. La auditoría se entregó en septiembre del año pasado, lo que, en buena lógica, hace suponer que los papeles que faltaban ya no estaban en esa fecha. El documento es mucho más esclarecedor en cuanto a detalles, cantidades, nombres y fechas que lo conocido hasta ahora. Parte de las irregularidades iniciales se explicaron en un informe elaborado por la responsable del servicio de nóminas de la entidad, actual subdirectora general del Ayuntamiento, que a su vez reconoce la existencia de irregularidades en la gestión del instituto aunque orienta su origen hacia las responsabilidades de los directivos de la entidad.

Los contratos no constituyen la única documentación que no consta en los expedientes. La auditora hace una retahíla de cantidades abonadas a trabajadores para las que, según la auditoría, no hay justificación documental dentro del periodo auditado 2006-2010. Se sabe que se pagaron, constan el concepto y la cantidad pero no por qué ni qué documento justifica su abono. Por ejemplo, no hay documentación que explique por qué una persona con categorías inferiores realizan empleos para trabajadores que precisan de más categoría. Aparecen personas con cargos internos que no tienen un nombramiento para respaldarlo y que, sin embargo, tenían salarios por su especial dedicación. Se encuentran también categorías laborales que no están en el convenio colectivo. Figura el pago de horas extraordinarias y premios a distintos trabajadores. En este caso, figura la solicitud pero no la autorización para su pago.

Uno de los elementos más peliagudos de la auditoría se refiere al pago de complementos a una parte del personal de la institución. En el periodo auditado, hubo dos convenios colectivos dentro del Imdeec: el que rigió sobre los años 2006-2007 y el que reguló las relaciones laborales entre 2008 y 2009. En el primero de ellos, se admitían como válido el complemento de puesto y de productividad. Sin embargo, se pagaba además un complemento específico cuya cuantía no venía regulada en convenio sino que se abonaba conforme a cantidades fijadas cada año en el anexo de personal del presupuesto del Imdeec. En el convenio de 2008 y 2009, se establece un complemento de destino (que sustituía al específico). Se abonaba a "puestos de especial responsabilidad" pero tampoco consta que hubiese un convenio que les diese soporte. La auditoría explica que no se sabe qué criterio se había utilizado para fijar esas cantidades y no otras. En 2006, por ejemplo, se abonaron unos 70.000 euros a nueve empleados por esta vía. Se trata de cantidades variables que van desde los 9.500 euros al año hasta los 1.369 euros en un solo ejercicio. En el caso concreto de un empleado del Imdeec, se asegura que "cobraba gran parte de su salario" por medio de este complemento específico, al parecer irregular. La explicación es peculiar: la alegación presentada para explicar la gestión del Imdeec asegura que "transitoriamente" se incluyó una cantidad en el presupuesto para retribuir la especial responsabilidad de algunos trabajadores mientras se aprobaba una Valoración de Puestos de Trabajo, que es el documento que fija lo que tiene que cobrar cada trabajador en función de su categoría y del puesto que desempeña. Los complementos ya se abonaban en el año 2006, inicio de la auditoría, y se pagaron en 2007, 2008, 2009 y 2010. Ese fue el año en que se redactó la Valoración de Puestos de Trabajo que nunca llegó a aprobarse cuando se detectó que podría haber sido manipulada, según las conclusiones de una información reservada. Aún hoy sigue sin haberse autorizado esa VPT y esas cantidades se siguen pagando a la espera de que se adopte una decisión sobre qué hacer al respecto. Intervención ya ha reconocido que las posibilidades de reclamar el dinero percibido tiene un límite de prescripción: cuatro años para los funcionarios y un año para los laborales. Todos los empleados de la casa, independientemente de su acceso al Imdeec, son laborales desde 2009.

Anualmente, se incluían esas cantidades en los presupuestos del Instituto de Desarrollo Económico que se aprobaban por el consejo rector y por el Pleno del Ayuntamiento. Intervención ha dejado dicho que nunca se realizaron expedientes específicos para su fiscalización, esto es, nunca se informó específicamente sobre incrementos individualizados de salario.

La auditoría establece de forma clara cuáles son las cantidades que se están discutiendo. Intervención ya ha advertido de que existen limitaciones sobre la posibilidad de reclamar el dinero que se puede haber percibido irregularmente. Se han realizado hojas de cálculo con lo que cobra cada trabajador de la plantilla de forma que se resaltan en color rojo aquellas cifras que no se consideran justificadas. Llama poderosamente la atención de estas hojas de cálculo los altos niveles retributivos del Instituto de Desarrollo Económico y Empleo a lo largo de buena parte de su vida institucional. Sobre una plantilla de unas 30 personas, en datos de 2010, figuran 14 salarios, excluido el del gerente (90.000 euros/año de coste empresa, con Seguridad Social incluida), que se encuentran en una horquilla entre los 57.449 euros y los 71.273 euros. Se consignan, ese año, salarios brutos de personal que llegó a la entidad con el grupo B -funcionarios intermedios- con un coste bruto para el presupuesto público de 59.000 euros. De esta cantidad, unos 12.000 euros por trabajador son los pagos a la Seguridad Social. Descontando la aportación al IRPF de cada trabajador y las cotizaciones que le corresponden, el resto constituye el salario neto.